Ministerio libanés de Información
La afluencia masiva de manifestantes pone en el foco al Gobierno de la primera ministra Viorica Dancila
Rumanía: el Este que quiere más Europa
Rumanía ha albergado hoy la tercera jornada de unas movilizaciones que han sacado a miles de rumanos a las calles para protestar contra el Gobierno del Partido Socialdemócrata (PSD) y por la falta de acción contra la corrupción. La afluencia masiva de manifestantes pone en el foco al Gobierno de la primera ministra Viorica Dancila y amenaza con convertirse en el enésimo dolor de cabeza para la Unión Europea.
El viernes, más de 100.000 personas -según medios locales- salieron a las calles en el centro de Bucarest en una jornada que se tornó violenta después de que varios encapuchados que se mezclaron con los manifestantes intentaran ingresar por la fuerza a la sede de Gobierno. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes. Los choques dejaron más de 450 heridos, 30 de ellos policías. El presidente de Rumanía, el conservador y crítico del Gobierno Klaus Iohannis, calificó de desproporcionada la actuación policial y demandó una investigación de la fiscalía.
Algo que no comparte el Ejecutivo, cuya ministra del Interior, Carmen Dan, justificó la labor policial. Dan dijo el sábado en rueda de prensa que las fuerzas del orden actuaron contra grupos organizados de ‘hooligans’ y que lo hicieron sólo cuando fueron atacados mientras defendían las instituciones del Estado. Sin embargo, en varios vídeos publicados en Facebook puede verse a manifestantes pacíficos que son apaleados de forma aparentemente arbitraria por los agentes.
El canciller austriaco Sebastian Kurz, cuyo país ostenta actualmente la presidencia rotatoria de la Unión Europea, criticó la oleada de violencia, en la que también un reportero de la emisora pública austriaca resultó herido. “Condenamos los choques violentos en Bucarest, donde numerosos manifestantes y periodistas han sido heridos”, escribió en su cuenta de Twitter.
Tras los incidentes del viernes, el sábado se repitieron las movilizaciones en el distrito gubernamental de la capital, esta vez de forma pacífica. Unas 40.000 personas volvieron a protestar portando pancartas con lemas como “abajo el Gobierno” o “Justicia sí, corrupción no”. “He venido hoy después de ver en la televisión lo que ocurrió ayer, la brutal represión contra gente pacífica”, dijo la manifestante Floarea Toader a la agencia France Presse. “Mis hijos trabajan en España y les gustaría volver a Rumanía, pero por ahora es imposible, los políticos sólo piensan en ellos mismos y no hacen nada por el pueblo”.
Escasez de oportunidades
Numerosos emigrantes acudieron expresamente a las manifestaciones desde los países de la Unión Europea en los que se encuentran afincados para protestar contra la situación en su país. En los últimos 15 años cerca de cuatro millones de rumanos han abandonado su país debido a la falta de oportunidades, los bajos salarios, y la corrupción. Muchos de ellos consideran que los problemas del país, más que solucionarse, han ido a peor. “El Gobierno debe darnos la posibilidad de convertirnos en un país normal, y no uno que se encuentra humillado en todo el mundo. Vivo en Bilbao y he venido a participar en esta protesta como rumana que vive en el extranjero. Estamos hartos, debemos unirnos”, dijo una manifestante al canal de noticias Stirile TV.
Cada vez más rumanos exigen la dimisión de la primera ministra, la socialdemócrata Viorica Dancila, a la que consideran marioneta del presidente de su partido, Liviu Dragnea. Dragnea está considerado como el poder en la sombra de Rumanía, aunque no puede ser investido como jefe del Ejecutivo por una condena en 2016 por fraude electoral. En los últimos años, el Gobierno de coalición, liderado por los socialdemócratas, ha tomado varias polémicas medidas que, para sus críticos, no es más que un modo de poner trabas a la lucha contra la corrupción y preservar sus intereses.
Las protestas en Rumanía se han convertido en frecuentes desde el pasado año. El intento del Gobierno de imponer un decreto para despenalizar ciertos casos de corrupción en febrero de 2017 desencadenó la mayor ola de indignación desde la caída del comunismo en 1989. Ante la presión popular, el Gobierno socialdemócrata se vio obligado a derogar el decreto.
El último episodio tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando la fiscal anticorrupción Laura Codruta Kovesi fue cesada de su cargo. Kovesi llevó a cabo durante su mandato varios procesos contra políticos locales y nacionales involucrados en tramas corruptas, lo que le valió la simpatías de muchos rumanos y la enemistad de gran parte de la clase política. Su destitución provocó protestas y la elevó como símbolo de la lucha contra la corrupción y por la esperanza de un país más justo.
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